EL PROBLEMA DE LAS EMPRESAS DE ENERGÍA EN LA COSTA.

 EL PROBLEMA DE LAS EMPRESAS DE ENERGÍA EN LA COSTA ATLANTICA.

El contexto del problema de la energía en la Costa Caribe es un conjunto de varios problemas.

El principal comienza con la mala administración del servicio que por años realizó la extinta empresa Electricaribe, que suministraba el servicio a todos los departamentos de la costa.

Electricaribe siempre ofreció un mal servicio, con cortes de luz intempestivos, con interrupción del servicio por días en barrios e inclusive en varios municipios. Los cortes generaban daños a los electrodomésticos, generaban bloqueos de carreteras por pueblos a los que se les cortaba el servicio por días, llovía o soplaba mucho el viento y se suspendía el suministro, los transformadores se estallaban regularmente.

En el caso de la población, se encontraban recurrentemente fraudes a los contadores, por parte de personas y también de muchas empresas altamente consumidoras y el abuso de los estratos subsidiados en el consumo.

En medio de este problema, se vio la inviabilidad de que la empresa Electricaribe siguiera funcionando, y se presentaron varias acciones populares que condujeron a la intervención y liquidación de la empresa, por la inviabilidad financiera y la mala prestación del servicio eléctrico.

De ahí surgió un gran problema, quién se encargaría de ese desastre que dejó la empresa Electricaribe, con una cartera enorme por falta de cobro, que le debía a los municipios el pago de ciertos impuestos que ella recaudaba, que nunca realizó las inversiones para la modernización de las redes, ni la producción de nuevas fuentes de energía para la Costa Atlántica. Fuera de eso, ante la falta de pago a las empresas productoras, perdió la posibilidad de comprar energía en la bolsa, y le tocó comprar energía a una mayor costo, por ser mal cliente.

El Gobierno luego de la intervención en el 2019, no sabía que hacer, ya que estaba en riesgo la continuidad del servicio de energía en toda la Costa Caribe. Así fue que aparecieron Aires y Afinia, quienes ganaron la concesión, pero colocando condiciones:

1) Aumento de la tasa de comercialización del servicio, lo cual incluía un incremento en la tarifa, aumentando un factor de la fórmula tarifaria.

2) El incremento de otro factor que incluía el pago de las pérdidas técnicas y no técnicas de la prestación del servicio.

Estos dos factores incrementaron el valor de la tarifa en un 20%.

Téngase en cuenta que dichos incrementos se debieron a la mala administración que tuvo Electricaribe, y que negoció el Estado a favor de Aires y Afinia en contra de los usuarios, pues, terminaban incluyendo un factor de pérdidas técnicas y no técnicas que nada tiene que ver con la prestación del servicio, sino de la falta de modernización de las redes eléctricas que generan pérdidas, y por los fraudes realizados por los usuarios, que son pérdidas que deben asumir los prestadores y no los usuarios.

Luego de ese aumento de precios, surgió la pandemia del Covid 19, que comenzó en Colombia en el 2020. Donde el Estado acordó con las prestadoras del servicio que se tuviera en cuenta la crisis, y que prácticamente congelaran las tarifas, y tuvieran lo que quedara pendiente de pagar, se pagaría luego de superada la pandemia y ello, dio a que las prestadoras funcionaran a pérdida durante todo ese tiempo. Superada la pandemia, las deudas de la costa atlántica por ese concepto llegó a 7 billones de pesos, dinero que se acordó que se comenzara a pagar a partir del 2023, incrementándose el costo (15%) nuevamente para los usuarios de una tarifa que ya había sido inflada con los dos factores que se incrementaron a la tarifa por cuenta de la intervención de Electricaribe. 

En total, en toda la costa se incrementó la facturación del servicio de la energía entre un 35 y 40%, lo que es bastante en una zona donde se consume bastante energía por la temperatura, y donde la pobreza es manifiesta. Como se dijo en una campaña, o comemos o pagamos la luz.

Fuera de lo anterior, hay que decir, que Aires y Afinia deben recaudar dos impuestos a través del recibo, que son un aporte a la seguridad ciudadana y el alumbrado público, que son dos impuestos que también incrementan el valor de la factura, y que va relacionado con un porcentaje del consumo, y dado que las tarifas aumentaron, pues también aumentan los impuestos.

En todo lo anterior, hay que decir que también hay escasez de energía, pues el consumo aumento, y la oferta se ha mantenido, con serios problemas en la producción como el descalabro de hidroituango, que si bien ya empezó a funcionar, por el problema estructural que presentó la obra y el atraso, se vendió por adelantado una energía que apenas se está produciendo, y aún están debiendo más.

A lo anterior hay que adicionar que la Costa no genera mucha energía, no es autosuficiente en energía a pesar de tener todo el potencial en energía eólica y de luz solar. Los proyectos de producción de energía en la Costa a penas se están desarrollando, pero falta mucho para que la costa sea autosuficiente en energía, por lo cual, se depende de la producción en otras zonas del país.

Por último, el otro problema que presenta el país es que la mayor producción de energía se genera de las hidroeléctricas,  que dependen de la lluvia, y cuando hay sequía, también limitan su producción, generando nuevamente la escasez.

Igualmente, los trámites de permisos de nuevos proyectos de producción de energías son lentos, costosos y tortuosos, provocando el desestimulo en la producción del sector.

El Gobierno erradamente ha enfocado el debate en que la escasez está siendo generada por unos pocos que dominan el mercado de la energía y que están afectado los precios del mercado a través de un monopolio.

En la actualidad, ya se han presentado varias acciones populares (Entre ellas una presentada por los personeros de Santa Marta, Riohacha y Barranquilla con radicado 08-001-23-33-000-2024-00281-00, y otra presentada por la Representante a la Cámara Ingrid Aguirre con radicado 08-001-23-33-000-2024-00281-00), acciones de nulidad, en contra de las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, para bajar las tarifas infladas de la Costa Caribe, y ya el Tribunal Superior del Atlántico ha ordenado al Gobiernos, a los prestadores y a los usuarios que se sienten a negociar sobre las tarifas en la Costa Caribe.

Los derechos que claman los usuarios, es la buena prestación de una servicio público a precios justos, y que sus facturas obedezcan al consumo real de la energía, lo que implica modificar la fórmula tarifaria, cuya competencia la tiene la CREG, entidad, que por motivos políticos no ha podido quedar conformada para tomar dicha decisión, toda vez que de 6 miembros, falta varios por nombrar de manera definitiva, lo cual, genera la incapacidad política para decidir sobre la situación.

En estos momentos Aire se encuentra intervenido, y Afinia quiere dejar el negocio, porque ya no le es rentable, ante la amenaza de que le van a bajar las tarifas infladas en 35%, ya el negocio no les interesa.  

Propuesta para solucionar:

1) Que el Gobierno asuma la deuda de 7 billones de pesos por motivos de la pandemia, en la Costa Atlántica, pues es una deuda causada por motivos de la pandemia del Covid 19, generada por una decisión del Estado.

2) Modificar la fórmula tarifaria por parte de la CREG para que se ajuste, y excluir de la formula las perdidas técnicas y no técnicas, que nada tienen que ver el valor del servicio consumido por el usuario.

3) Mejorar y agilizar los trámites para aprobación y permisos de nuevos proyectos de producción de energía.

4) Incentivar los proyectos de producción de energía en la Costa Caribe.