Una reforma Constitucional sin propósito

 

La reforma a la Constitución es un proyecto populista muy peligroso, cuando se hace por capricho o por un interés mezquino.

La Constitución es la norma de normas y es el límite a la autocracia y a la dictadura.

La Constitución es un marco normativo que define los límites del poder y el respeto por los derechos fundamentales, es el marco de trabajo de todo gobernante, y es la principal barrera para el abuso del poder y la dictadura.

Quien ataca la Constitución ataca el acuerdo marco que define la división de poderes, el límite al poder de las autoridades y el conjunto de derechos y libertades de los ciudadanos.

El populismo ataca a la Constitución acusando a su texto de mantener la desigualdad social, y la pobreza.

Según el profesor Mauricio Gaona:

El populista gana las elecciones con el discurso de que hay un problema, y el tiene la solución. El populista vende la formula y la democracia la compra.

Por regla general señalan a un enemigo a quien hay que atacar, oligarquía, insurgencia, sindicatos, empresarios, corruptos, etc.

Cuando el plan comienza a fallar y no resulta, la sociedad comienza a reaccionar y comienza la crítica. Redes sociales, medios de comunicación, la oposición.

Todos estos comienzan a ser señalados como enemigos.

Luego son las Cortes que en derecho se oponen a los excesos.

Luego es el congreso que no aprueba las leyes.

Comienzan los estados de excepción y también se le caen.

Así el populista termina diciendo que las instituciones no lo dejan gobernar y que por eso, va a convocar al pueblo que lo eligió, para que sea el pueblo el que tome la decisión.

Así en muchas ocasiones el pueblo sale a votar llevado por el carisma y el engaño del populista, quien señala a las instituciones y a la Constitución, de mantener los problemas sociales, que el populista fue incapaz de mejorar.

Señores la Constitución no limita los derechos, los protege. La Constitución está para evitar que haya un régimen dictatorial, no para configurarlo. La Constitución limita el abuso del poder y establece un equilibrio y un control sobre el mismo.

La Constitución se puede corregir, se puede ajustar a través de reformas, mediante actos legislativos, Pero crear una nueva Constitución es un proceso diferente, en el que se puede cambiar la estructura del Estado, federal, centralizado o descentralizado, se pueden eliminar de instituciones (Procuraduría, Registraduria, Consejo Superior de la judicatura, Banco de la república), se pueden crear nuevas instituciones (como ocurrió en la Constitución del 91, donde se crearon la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura),  se pueden reasignar competencias, y modificar las funciones. También se pueden modificar periodos presidenciales (Como ocurrió en Venezuela que pasó de 4 a 8 años) y de funcionarios como el Fiscal General de la Nación, El Procurador, el contralor y los Magistrados de las altas Cortes. Se pueden modificar las formas y los requisitos para elegir a funcionarios públicos. Se pueden modificar las acciones Constitucionales como la tutela, la acción popular y las acciones de grupo. Se puede modificar la forma de control y vigilancia a los servicios públicos y a la economía del mercado. Se pueden modificar los mecanismos de participación ciudadana. En fin, se pueden hacer cambios estructurales muy profundos que puede afectar el funcionamiento del Estado y del modelo económico.

La Constitución no se puede reemplazar por otra que atienda a una ideología política del momento, ni al populismo. La Constitución debe cambiar cuando realmente exista una crisis, que no sea provocada por el mismo gobierno que la busca modificar, pues sería un verdadero sabotaje político.

La Constitución de 1991 fue un gran avance para Colombia en el reconocimiento de los derechos fundamentales y la función de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución.

La corrupción no es un problema de la Constitución, sino de la forma como la sociedad y los funcionarios actúan.

La pobreza no la genera la Constitución, sino la deficiencia de las políticas públicas dirigidas a la inversión social y la corrupción. 

La violencia no la genera la Constitución, sino la deficiencia en el funcionamiento de las instituciones dirigidas a l a inversión social y a la seguridad.

La Constitución promueve la protección de los derechos fundamentales, la salud, el trabajo y la prosperidad general. Cuando vemos que nada se cumple, se debe a que ni la sociedad ni los gobernantes entienden que significa realmente esas palabras o no están interesados en hacerlas realidad.