Es complicado entender para cualquier ciudadano colombiano por qué el Gobierno requiere sacar más ingresos de nuestros bolsillos, en medio de tanta pobreza y desigualdad que reina en Colombia.
La reforma tributaria elaborada en el 2016 y que regirá en Colombia para el 2017, busca recaudar más de 12 billones de pesos en impuestos, para compensar los ingresos que hoy no se reciben por cuenta de la crisis petrolera. Se sabe que el precio del petroleo ha bajado debido a que los países productores aumentaron la oferta e inundaron los mercados con el crudo, haciendo que se bajaran los precios. Igualmente, el fracking, el nuevo método para extraer petroleo incrementó la cantidad del producto en el mercado y provocó nuevamente la baja del precio. Hoy en día los bajos precios del crudo, quebraron a las empresas del sector en Colombia, pero también generaron varios efectos adversos, pues con los precios actuales, no existen multinacionales extranjeras dispuestas a costear las exploraciones tradicionales de petroleo, y debido a ello, las reservas para el consumo de gasolina en Colombia también se encuentran en riesgo para un futuro. En conclusión, son 12 billones de pesos que supuestamente, se han dejado de recaudar en regalías, debido a los bajos precios del petroleo, y con ello también, la quiebra de las empresas petroleras que al tener perdidas, no deben estar tributando. A pesar de la gravidez que refleja el sector petrolero en Colombia, el petroleo no es nuestro único producto, de lo contrario estaríamos igual que Venezuela. 12 billones de pesos es mucho dinero, pero hay opciones mejores que sacárselos a la brava al pueblo y promoviendo una crisis económica para el próximo año, por cuenta de los despidos por recorte de personal, cuando las empresas comiencen a sentir el rigor de trasladarle al consumidor todos los impuestos.
Igualmente la reforma tributaria tenía otra bandera y era financiar la paz. Debido al resultado negativo del plebiscito, la agenda política se trastocó, porque era más fácil vender una reforma tributaria que ayudara a alcanzar la paz, que una reforma tributaria para tapar el déficit fiscal, por cuenta del abuso en el gasto público que es en realidad lo que ocurre. Igualmente, ya no se habla de una reforma tributaria para sostener la paz, sino de una reforma tributaria para sostener la inversión social y la competitividad. En todo caso, la paz debe estar dentro de la agenda pues su impacto en el presupuesto tarde o temprano se tendrá que ver. Sin embargo, hay que decir que la paz se financia en parte por sí sola, pues la ausencia de conflicto con la guerrilla, ahorra a diario millones y millones de pesos en municiones, armamentos, indemnizaciones a civiles y soldados, y gasto en el transporte de tropa.
También se sostiene que la reforma tributaria busca mantener los programas sociales del Estado, así como las inversiones en infraestructura. Es importante sin duda estos dos rubros, pues sin los programas sociales la pobreza y la desigualdad social serían más evidentes, y sin infraestructura, nuestra competitividad disminuiría, afectando la inversión extranjera, la productividad y el crecimiento. Sin embargo, en Colombia se ha confundido programas sociales con subsidios, lo cual genera una carga asistencial y financiera al Estado muy grande, sin que ello tenga un impacto importante en la productividad de la población más vulnerable, y se toman dos ejemplos: uno es el régimen subsidiado de salud (Sisben), lo que ha generado es que los beneficiarios del subsidio, no quieran formalizar su trabajo, para no tener que pagar más por el servicio de salud; y el otro ejemplo es familias en acción, donde las personas hacen lo que sea por mantener dicho subsidio, y por ello, se convierten en un fortín político del Gobierno de turno para las elecciones. Por último, se habla de programas de alimentación de la infancia, pero los recursos no llegan y se mueren los niños de la guajira por desnutrición. Por otra parte, el tema de la infraestructura, es un espejismo, porque se encuentra directamente relacionada con la corrupción, porque bien lo ha dicho los informes de la Contraloría, de la Fiscalía y del zar anticorrupción, en Colombia solo se invierte en las obras de infraestructura entre el 40% o 45% del valor contratado, el resto se pierde por cuenta de la corrupción.
Casos como el de Reficar donde al parecer se perdieron más de 6 billones de pesos en sobrecostos en la construcción de la refinería de Cartagena, Caprecom, donde se perdieron más de medio billón de pesos, y el del carrusel de la contratación donde supuestamente se perdieron más de 2 billones de pesos, dan cuenta de que la reforma tributaria no se trata de resolver problemas y cumplir con los fines del Estado, se trata de financiar con el dinero de todos los colombianos todas los abusos en el manejo de los recursos del Estado.
En principio se habla de que la reforma tributaria no sería necesaria si "los niveles de corrupción se llevaran a las justas proporciones", lo cual sin duda parece imposible, debido al costo de las elecciones de los cargos proveídos a través del voto popular. El Presidente, los Congresistas, los Gobernadores, los diputados, los alcaldes y los concejales, deben financiar unas campañas electorales muy costosas y sin duda, no les alcanza con el sueldo.
Los recursos públicos que se perdieron en Colombia por cuenta de la corrupción, no se van a recuperar, porque si bien, en la justicia penal se castiga con pena de prisión a algunos corruptos, no se sabe quién va a responder económicamente por Reficar, o por el carrusel de la contratación en Bogotá, o por Caprecom. ¿Qué pasaría si se recupera por lo menos el 50% de los recursos que se perdieron en estos casos de corrupción? ¿Necesitaríamos una reforma tributaria? Pero como ya se perdió y a veces, ese dinero se encuentra en manos de intocables, lo mejor es meter a uno que otro a la cárcel y no tratar el tema de la devolución del dinero.
En segundo termino, se ha dicho que la reforma tributaria no es necesaria si el Estado ahorra. Se evidenciado que en la actualidad existen muchas instituciones estatales que no hacen nada, y que no aportan en nada en el funcionamiento del Estado, pero que sí aumentan la burocracia y los costes de su funcionamiento. La auditoría general de la república, las coorporaciones autónomas regionales y especiales, son algunos ejemplos de imperios burocráticos sin trascendencia. Sin embargo, no se eliminan porque en efecto son burocracia, son cargos públicos a proveer a dedo, con presupuesto propio y disponible para emprender programas costosos, sin ninguna trascendencia y que el 40% por lo menos, termina en el bolsillo de los corruptos.
La reforma tributaria tampoco favorece a un proyecto económico sostenible de Estado, porque en tiempos de crisis, el Estado no puede contraer la economía privada con más impuestos, porque disminuye la demanda, desestimula el comercio, aumenta el desempleo y crea pobreza. El aumento del tamaño del Estado tampoco es recomendable si ello se traduce en subsidios, burocracia y corrupción.
Me inclino a pensar que la reforma tributaria está motivada por la pugna de poder que se avecina en las elecciones presidenciales del 2018, así como la venta de Isagen se dio para financiar las negociaciones de paz, su aprobación y la campaña del plebiscito. Sin duda se necesitan más recursos para las elecciones presidenciales del 2018, y todos los involucrados y aspirantes, entre santistas, uribistas, liberales, conservadores, verdes y demás, necesitan recursos para alcanzar o mantener su cargo y su curul, y quién pierda sufrirá las consecuencias de un país polarizado, como bien lo sufrieron los uribistas por cuenta de los santistas. Se mantendrá el actual régimen o habrá revancha, o surgirá un tercero en la disputa, "todo depende de la reforma tributaria estructural".
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