LA CORRUPCIÓN, ¿COMO FUNCIONA?

 

LA CORRUPCIÓN, ¿COMO FUNCIONA?

 

Por: Jorge Arturo Abello Gual

 

Uno de los grandes problemas de los gobiernos como Colombia es el manejo de la corrupción.

Para la desafortunada población colombiana que tiene que mantener el Estado, a cambio de la prestación de servicios públicos y la ejecución de obras públicas, el actual modelo político, económico y social, es insostenible.

Las campañas políticas para los funcionarios de elección popular generan unos costos exuberantes para los candidatos, estos gastos políticos que están por encima de los límites legales, y que costean reuniones con líderes sociales, transportes de votantes, propaganda política, comerciales en medios audiovisuales, pancartas, volantes, banderas, plegables, viajes del candidato y su grupo de apoyo a las diferentes zonas de la ciudad, del departamento o del país. Estos gastos de campaña son costeados o con recursos propios del candidato o con recursos recaudados de los grupos políticos que tienen interés en que el candidato sea elegido. Lo más triste es que a pesar de a los políticos se les paga una suma de dinero por cada voto que sacan, esto no cambia nada en el momento de las elecciones, puesto que por más que se devuelva algún dinero, los gastos por debajo de la mesa son superiores. También hay que tener en cuenta que los costos de las campañas también se destinan a actos de corrupción como comprar jurados, o comprar funcionarios de la Registraduría, para que los ayuden a sumar votos.

Los costos de una campaña son enormes, y si bien hay límites legales, que si se exceden generan incluso pena de cárcel, lo cierto, es que dichos límites nunca se respetan, y todas las campañas manejan una doble contabilidad, en la que declaran unos gastos formalmente, pero ocultan otros, e igual situación pasa con los ingresos de las campañas, donde se declaran unos dentro de los límites y otros quedan ocultos, así como el origen y destino de los mismos.

Luego del desgaste económico de una campaña, y luego de lograr la elección, el político ha perdido mucho dinero, y puede que quede endeudado, o en su defecto, pierde una muy buena porción de su patrimonio ¿Por qué lo hace? Poder y dinero. Ganar una elección produce ambas cosas.

Cuando un candidato elegido ingresa el primer día al cargo público, tiene muchas preocupaciones, pero una de las más grandes es cómo se paga la deuda o cómo recupero el dinero invertido. Obvio que el político también piensa en cómo mantener una imagen pública ante su electorado, y para ello debe preocuparse de realizar obras, proyectos y políticas públicas que le permitan mostrarse a la comunidad para seguir su carrera política, pero al margen de todo ello se encuentra la preocupación principal: ¿Cómo recupero lo perdido? Lo cual, de seguro, por más que se sumen todos los meses de salario percibidos por el político, no alcanzan a cubrir la suma gastada en la campaña política.

Una de las formas de lograr pagar sus deudas es a través del clientelismo, y esto significa el poder de elegir a otros funcionarios públicos, o incidir en su elección. Cuando un político nombra a todos sus colaboradores, los nombra en razón no a sus calidades profesionales, que sin duda por lo menos deben reunir un mínimo de requisitos, lo cierto, es que nombran a personas de su confianza, a miembros de su grupo político, a las personas que ayudaron a financiar su campaña, o a familiares de otros políticos, con la firme intención de que esos políticos elijan o nombren igualmente a sus familiares. La confianza en estos temas es fundamental, la elección de su grupo de trabajo es un tema trascendental para lograr los dos objetivos, mantener su imagen y recuperar lo perdido. Entre más cerrado sea el grupo, menos riesgos de que la información sobre la corrupción que se va a generar se pueda filtrar y pueda afectar su imagen.

En esta etapa de afianzamiento del grupo de trabajo, se lucha por la elección de funcionarios de control y vigilancia, como la Procuraduría, la Contraloría, de Defensoría Pública, y la Fiscalía. Una vez nombrados varios amigos en esos entes de control, se tiene mayor confianza de que si alguna información se filtra o si algo sale fuera de los planes, habrá amigos en los entes de control que dilataran las investigaciones, distraerán a los funcionarios en otros temas, cerrarán las investigaciones o las embolataran con algún pretexto. Así se garantiza la impunidad, pero también se garantiza la venta de la impunidad, es decir, quién participó en la elección o influyó en la elección de cierto funcionario de control, tiene la posibilidad de influir en su gestión, solicitando favores, y si alguien necesita que cierto funcionario de control no lo sancione, acude al político que tiene cierto control o manejo del funcionario, y paga para que no le pase nada.

Así entonces queda claro una estrategia, primero tener un grupo de trabajo de confianza, y controlar cargos o puestos en los entes de control, para luego pasar a otra etapa, y es la de recuperar lo invertido o lo debido en la campaña, manteniendo su imagen política. Para ello, se encuentra la contratación estatal.

El 80% del presupuesto del país se maneja a través de la contratación estatal. El presupuesto está compuesto, por los impuestos, tasas, contribuciones, otros ingresos del Estado, como la venta de bienes, o las utilidades de las empresas estatales o de economía mixta, y la financiación a través de créditos bancarios nacionales e internacionales. Con base en estos ingresos, el Estado paga el salario de todos los funcionarios públicos, organiza los gastos de los servicios públicos como la justicia, y organiza un plan de desarrollo, donde se elaboran proyectos de desarrollo para todo el país, como aeropuertos, acueductos, vías públicas, puertos y demás. Una vez proyectado el plan de desarrollo, se inicia la elaboración de proyectos de construcción para ejecutarlo, y comienza toda la proyección de toda la contratación estatal.

Aquí comienza la tercera etapa de la corrupción, y es la presentación de los proyectos con base en el plan de desarrollo para conseguir la asignación de los recursos, para iniciar los procesos de contratación de las obras públicas. Luego de la asignación de los recursos a determinado ente estatal, viene el proceso precontractual, ya sea a través de contratación directa o licitación pública. Aquí es donde los políticos tienen que garantizar que los contratos le sean adjudicados a su grupo económico, a su grupo político, a su grupo familiar o su grupo de amigos. Esa es la mejor forma de recuperar lo invertido.

Para garantizar la adjudicación de un contrato, el político solicita, el 10%, el 20%, el 30%, o hasta el 50% del valor del contrato. Entre más alto el porcentaje a favor del político, menos probabilidad existe de ejecutar el contrato. Así las cosas en alcaldías y gobernaciones en las que se ve la ejecución de las obras públicas, el porcentaje solicitado por los políticos oscila entre el 10 y 20%, y en las que se ve el proceso de contratación estancamiento, por ausencia de obras públicas o la existencia de las mismas pero mal ejecutadas, los porcentajes exigidos por los políticos es del 30% y hasta más, partiendo de que existen casos en los que se cobra el anticipo, y la obra nunca se ejecuta, o se construye solo los cimientos. Para dar un ejemplo de lo que ocurre en los contratos, se tiene el siguiente texto:

“Para viciar las licitaciones, los contratistas se hacen amigos o socios de los funcionarios públicos (alcaldes, gobernadores o congresistas) para que éstos les filtren información que los favorezca a la hora de presentar los pliegos (por ejemplo, los políticos o sus intermediarios les avisan a los contratistas amigos que tener una planta de asfalto les dará mayor puntuación).

En entrevista con RCN La Radio, un contratista, que pidió la reserva de su nombre por seguridad, sostuvo: "En este país los pliegos son dirigidos para que el contrato caiga en manos de un amigo del mandatario o del intermediario que es el que está manejando el negocio".

Por otra parte, según se indicó, los contratistas pueden agruparse como pequeños carteles, para ponerse de acuerdo en las licitaciones, de manera que optan por retirarse para dejar a un único proponente o acuerdan el reparto paritario de las ganancias, independientemente de quién haya ganado el contrato.

Cuando un mandatario vicia la licitación para favorecer a un contratista amigo, éste (el contratista) debe pagarle en efectivo un porcentaje del valor del contrato. Un contratista entrevistado por RCN La Radio afirmó: "En obras civiles se paga el 10%, y tengo entendido que en otras cosas como el sector de la salud, se paga entre el 30% y 50%".

Añadió que "ellos (los políticos) sí piden hasta el 20%, pero el contratista que dé el 20 se quiebra porque eso no tiene un margen tan alto de utilidad, y es como delicado dar más del 10% porque está jugando uno con que no se pueda hacer el contrato".

Sin embargo, no todos los contratistas le entregan el dinero a los políticos o sus intermediarios en efectivo (según se conoció, el dinero se entrega en tulas o maletines).

El contratista entrevistado sostuvo que cuando se ganan una licitación y éstos no gozan de la confianza del político, los mini-carteles de contratación les toca “pagar en especie”: “cuando el contrato es grande y ellos (los políticos) no confían mucho en uno, generalmente hay que escriturarle propiedades a uno de ellos para que le entreguen el contrato, es como un pago en especie".

Cuando se le preguntó qué tipo de propiedades se escrituran, el contratista afirmó: "Se pueden entregar lotes, casas y fincas".

A parte del lucro personal, el contratista le dijo a RCN La Radio que los políticos viciaban los contratos para asegurar su (re)elección: "Los políticos necesitan 'la platica' para hacer campaña".[1]

Los contratistas que ingresan a esta danza de millones, se someten a estas condiciones. A los que les va bien, el precio de su contrato se le incluye el sobrecosto del 20%, que exige el político para adjudicarle el contrato. Al que le va regular tiene que pagar el 20% del valor del contrato en el momento de recibir el anticipo que por regla general es del 50% del valor del contrato, con lo cual, tendrá que iniciar la construcción de la obra con el 30% del valor del contrato, y tendrá que buscar la forma de justificar de forma “imaginaria” el pago del 20% del político, para luego seguir facturando el otro 50% del contrato. 

El contratista que paga más del 20%, tendrá que luchar con el político para que le aprueben una adición al valor del contrato, para poder terminar la obra, de lo contrario, no podrá ejecutar el contrato. En este punto es que se presentan los primeros quiebres entre el contratista y el político, pues el contratista exige que, para terminar la obra, el político tiene que gestionar una adición al contrato, y el político pueda que lo haga, o pueda que se niegue; y también puede ocurrir que por más que gestione la adición del contrato, ésta no se logre, y aquí viene la presión de denuncias mutuas y del rompimiento de la confianza, con la afectación a la imagen política. 

En este campo, todo el que exigió y no le pagaron, exige el pago a cambio de no hacer un escándalo y revelar lo que sabe. Todo el que recibió está en peligro de ser denunciado. Todos tienen que llegar a un acuerdo, y cuando no se llega a un acuerdo, se inicia el escándalo. Es en este punto, donde el dinero apropiado se gasta en abogados y en la compra de funcionarios para no ser sancionados. En este juego, muchas obras no se ejecutan, o se ejecutan parcialmente, y con muy mala calidad.

Económicamente veamos un ejemplo que nos muestra, por qué las políticas y obras públicas no se pueden ejecutar a cabalidad en este modelo de corrupción política:

 

El manejo normal de un contrato o un proyecto es el siguiente:

Valor del contrato 50.000.000.000

Valor de impuestos a cancelar 35%= 17.500.000.000

Valor de gastos para la ejecución del contrato 60%= 30.000.000.

Utilidad bruta para el contratista 5%= 2.500.000.000

 

Como podemos observar, la carga tributaria de la ejecución de un contrato llega al 35% del valor del mismo[2], y ello es un costo fijo que no se puede evitar, quedando el 75% del valor del contrato, del cual, en condiciones normales se destina el 60% a la ejecución del mismo. Si a esa ecuación, se le extrae un 10%, un 20%, o más se corre el riesgo de no poder ejecutar el contrato. Igualmente, si se parte de la idea de que en el anticipo, que es del 50% por regla general, se pierde el 10% o el 20% del valor total del contrato por la corrupción política, sin tener en cuenta los impuestos que hay que pagar con mayor razón se puede evidenciar que el contrato no se va a poder ejecutar en su totalidad. Así la única forma de terminar un contrato en estas condiciones, es que desde el inició se lleve a un sobrecosto del valor real, o que se termine adicionando el contrato, para poder ejecutar las obras, y muchas veces también en la ejecución se vuelve a exigir por parte del político el 10%, el 20% o más para realizar la gestión. Así que el contrato, nunca logra el equilibrio necesario para ejecutarse, o siempre será ejecutado en sobrecosto.

Los contratistas para aumentar sus ganancias y no trabajar a pérdida, comienzan a bajar costos, y así contratan a profesionales menos calificados, compran materiales de menor calidad, y los proyectos terminan desarrollándose en déficit de ejecución. Así las obras y políticas públicas se ejecutan mal, de forma precaria o nunca se ejecutan de acuerdo con el porcentaje que se exige para pagar la corrupción, como dijimos anteriormente, si es del 10% se puede observar buenos niveles de ejecución, si sube al 20% el nivel de ejecución es precario, si es 30% la obra queda incompleta, y si es más del 30%, ya es seguro que no se va a ejecutar.

También tenemos que tener en cuenta otros factores, por ejemplo, si es un contrato de prestación de servicios, como elaboración diseños, capacitación, asesoría, consultoría, los porcentajes que exigen los políticos pueden llegar al 50%, pues los productos son conceptos, diseños, o labores intangibles, que no manejan los mismos precios que una obra pública, pero que igualmente son costosos, y su servicio, no genera tantos costos, así que las ganancias son mayores.

También se debe tener en cuenta, que el contratista es un empresario que seguramente realizó un aporte a la campaña del político, así que no es un simple empresario que va a buscar una utilidad, sino que es un empresario que va a tratar de recuperar la inversión con el contrato, por lo tanto, el busca recuperar un monto fijo de su aporte a la campaña, así que este es otro factor, que induce al contratista a bajar los costos, para aumentar su utilidad y recuperar así su inversión.

También ocurre que la corrupción mantiene a todo un aren que viven de la contratación, que son los mensajeros, los intermediarios, los testaferros que lavan el dinero de la corrupción, los periodistas, los entes de control y todas las personas que deben comprarse para ocultar la corrupción o para que se hagan de la vista gorda y no la saquen a la luz pública. La danza de los millones costea todo esto, así hay jueces y fiscales que a cambio de no iniciar procesos de investigación o retardarlos, cobran para no afectar a los corruptos. Hay medios de comunicación que extorsionan a los corruptos para no exponerlos a la luz pública. Y así, hay muchas obras que no se ejecutan porque los recursos destinados a ellas, deben ser destinados para pagar a los extorsionistas de los corruptos.

Desde el punto de vista económico, existen tres formas financieras de manejar un contrato.

El jineteo o el carrusel, que es cuando inicias un contrato en déficit o a pérdida, y para cumplirlo, requieres que te adjudiquen otro contrato, para poder cumplir el anterior, haciendo que el nuevo contrato también inicie en pérdida, por lo que requieres de un tercer contrato para cubrir el segundo, y así, hasta que llega el punto en que no adjudican el cuarto contrato, y el tercero queda sin fondos para terminarse, y ahí queda la obra incompleta.

La segunda forma, es la ejecución del contrato y esperar la ganancia al finalizar el contrato.  El problema con ello, es que con un contrato que se inicia con un anticipo, y se da una cuota para la corrupción, no será posible terminar la obra, o ejecutarla completamente, iniciando con un déficit mayor del 10% y con una carga tributaria del 35% del valor total del contrato. Así es muy difícil esperar las ganancias hasta el final del ejercicio. Muchos contratistas en estas circunstancias aseguran sus utilidades o el retorno de su inversión desde el pago del anticipo, y por ello no logran ni iniciar la ejecución del contrato.

La tercera forma, es que el contratista logre en cada pago un porcentaje de su utilidad y vaya amortizando sus inversiones y gastos. Pero el problema es el mismo, si la afectación provocada por la corrupción al equilibrio contractual permite o no la ejecución del contrato en óptimas condiciones.

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES.

El modelo actual de ejecución de obras públicas y políticas públicas, no permite el desarrollo y el progreso de nuestro país. La corrupción hace que en los contratos se invierta menos del 40% y 30% de los recursos destinados a cada proyecto, lo cual repercute en la calidad, y la viabilidad del proyecto. A veces ante la imposibilidad de iniciar la obra con los recursos que quedaron luego de que el político corrupto extrae su tajada, muchos proyectos no logran siquiera iniciar.

Las obras que se terminan son aquellas que tienen sobrecostos, prórrogas, adiciones y modificaciones de los contratos iniciales. Así que estos contratos se terminan, con sobrecostos enormes como ocurrió en el caso de Reficar y el túnel de la línea.

No existe de esta manera una forma de ahorrar recursos para la Nación, así que el déficit presupuestal, y la deuda externa, seguirán aumentando, y así igualmente aumentarán los impuestos, de manera descomunal.

La corrupción inicia desde la elección de los cargos de elección popular, la corrupción paga, el costo de las campañas, y el dinero del Estado, se gasta inoficiosamente en volantes, pasacalles, panfletos, papelería, asesores de campañas. Fuera de ello, las campañas políticas son costosas para el Estado, viendo toda la logística que requiere realizarla. Lo mejor que podría ocurrir es que las campañas electorales sean virtuales y las elecciones también, -las elecciones de papel, hasta el momento, no han garantizado que no se haga un fraude electoral-. Es necesario disminuir los costos de las campañas, así como la posibilidad de que los candidatos obtengan votos utilizando maquinaria política corrupta, y no por su valor político.

Los entes de control, como la fiscalía, la procuraduría y la contraloría, deben ser elegidos, no por los mismos políticos que deben vigilar, sino deben ingresar a sus cargos por concurso de méritos, así no estarían sujetos a la elección de los políticos y comprometerían su imparcialidad al ejercer sus funciones de control y juzgamiento. En caso del Fiscal general de la Nación, el procurador general de la Nación y el Contralor, deberían ser cargos elegidos las altas cortes, por funcionarios de carrera administrativa, de una lista que no sea propuesta por ningún político. Así se garantizaría mayor imparcialidad y mayor control de la corrupción. En otros países estos funcionarios son de elección popular, pero si las campañas cuestan, y las patrocinan grupos políticos y económicos, el resultado seguiría siendo nefasto.

La contratación y las políticas públicas deben proyectarse a producir y a desarrollar el país. Los recursos deben ser invertidos para producir más riqueza, desarrollo y prosperidad, cambiando así la concepción de gasto y de sostenibilidad de los grupos políticos. El Estado debe proveer de las condiciones para que la población se desarrolle, la visión debe ir dirigida a invertir, para producir más riqueza.

Este no es un tema de izquierda o de derecha, pues el modelo lo aplican todos indistintamente a su afinidad política. Todos requieren dinero para sus elecciones, y luego de alguna forma deben devolverlo o pagarlo.

Quien pueda llegar al poder y solo vivir de su salario, es porque no tiene deudas o compromisos adquiridos para obtener su cargo, lo cual, no es posible en una sociedad que por ignorancia se vende en las elecciones. Lo ideal, es que un candidato pudiera ser elegido sin invertir mucho dinero en su campaña. Y que maneje una visión de Estado diferente, donde produzca, y que no solo gaste. Entre más deudas tenga el Estado, más impuestos se van a crear. 

La otra verdad, es que en Colombia no sabemos elegir, aún se compran a los votantes por un plato de sopa; elegimos a personas que no cuentan con las capacidades para ejercer los cargos públicos; elegimos a personas vinculados con temas de corrupción. En fin, uno no se explica cómo son elegidos en varias oportunidades personas como Roy Barreras, Armando Benedetti, Paloma Valencia, entre otros como Congresistas. Los votantes debemos estar atentos a la vida política de los funcionarios públicos, y aplicar el voto castigo, en contra las grandes personalidades del país que solo viven del Estado, y le hacen daño con su actuar.

 

 

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[1] RADIO RCN. En 10 años se han perdido $832 mil millones por corrupción en contratos de obras viales, según la Contraloría. 5 Dic 2013. En la siguiente página web: https://www.rcnradio.com/colombia/en-10-anos-se-han-perdido-832-mil-millones-por-corrupcion-en-contratos-de-obras-viales

[2] MORENO ZAMBRANO, Alvaro Jose; DELGADO GIRALDO, Diana Elliser; BEDOYA RINCON, Maria Eugenia. Aspectos tributarios para los contratos de obra pública en Colombia. Monografía presentada para optar por el título de Especialista en Derecho Tributario. Pontificia universidad Javeriana facultad de ciencias jurídicas especialización en derecho tributario Bogotá 2017. En la siguiente página web: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/41119/Documento.pdf?sequence=4&isAllowed=y consultada el 1 de Febrero de 2021.