EL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA EN LA COSTA.

 

EL AUMENTO DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA EN LA COSTA.

La situación del aumento de las tarifas de energía en la Costa Caribe colombiana es un absoluto abuso por parte del Gobierno y de la empresa Aires.

Una cláusula de un acuerdo o de una regulación que traslade las pérdidas de la prestación del servicio a los usuarios, no es otra cosa que una cláusula abusiva que va en contra de los principios fundamentales de la prestación del servicio público. Esa cláusula vulnera los siguientes principios:

1) La garantía de que el servicio facturado vaya acorde con el consumo del servicio. Si el servicio va a tener un sobrecosto que consiste en cubrir las deudas y las pérdidas del prestador, el servicio facturado no esta acorde con el consumo de cada usuario.

2) Se trata de una sanción que se le esta aplicando a los usuarios de la costa, por el hecho de terceros, y nadie puede responder por los hechos ilegales de terceros. La responsabilidad por sanciones es individual y subjetiva, y no se puede trasladar a los usuarios las perdidas que genera la defraudación de fluidos o en términos coloquiales y el robo de luz. Trasladar la responsabilidad penal a los usuarios es inconstitucional, es una sanción a todas luces y que no puede admitirse una responsabilidad objetiva.

3) La prestación del servicio en la Costa no es un problema solamente de perdidas por robo de energía. Se debe a un costo elevado de un producto, que se ha generado por una deficiencia en la cadena de producción y de transporte. En la costa se requiere crear energía para disminuir los costos en la compra de los productos y mucho más en el transporte del mismo.

4) La pérdida del producto no solo se debe por el robo de la energía, sino en la mala calidad del transporte y de la infraestructura para manejar la energía en la Costa. Son situaciones que depende del prestador y que conocía al momento de contratar, y que tiene que mejorar para que siga produciendo pérdidas.

5) El aumento de las tarifas de energía hace que la Región Caribe sea menos competitiva en costos, para las empresas, para la producción y para la exportación. La costa es una Región que es golpeada por la pobreza, por la falta de educación, por la falta de oportunidades. Golpearla con costos exorbitantes de energía, no haría atractiva a la Costa para las empresas nacionales y extranjeras de radicarse en la Costa. En otros países las regiones más desarrolladas son las que se encuentran a la orilla del mar, porque facilita el comercio marítimo y las exportaciones, disminuyendo el tiempo y costo del comercio, donde se evita tener que producir en Bogotá y Medellín, para luego transportar la carga a las costas, que es algo absurdo.

La problemática del alza de las tarifas en la Costa debe ser objeto de intervención del Gobierno Nacional, sin embargo, por evidentes intereses ubicados en el centro del país, no existe doliente que luche por los intereses de la Región, partiendo del hecho de que no es posible ni a las empresas, ni a los habitantes de la Costa, seguir pagando tarifas tan altas de energía. 

No hay derecho a que nos transfieran a los usuarios las pérdidas del operador y las deficiencias en la infraestructura de prestación del servicio, no solo es ilegal, sino inconstitucional, y es un grave abuso de parte del operador y del Gobierno Nacional, que está dejando en total indefensión a los ciudadanos que pagamos en toda la Costa, a los precios más altos en todo el país.

No se trata de cambiar al operador, se trata de producir energía en la Región, de mejorar la infraestructura para producir y transportar la energía, de exigir mejores precios en las tarifas y de pedir inversiones para desarrollar formas de producción de la energía. Si la región no genera su energía no podrá surgir y desarrollarse. Es este el momento en que deben verse formas de producción de energía de nuestros propios recursos y hay que invertir en ello. La energía es uno de los problemas de la Costa, porque genera sobrecostos y evita nuestro desarrollo. Una persona que tenga que pagar el 10% o el 30% de sus ingresos al pago de un servicio público, es un grillete y factor de pobreza.